http://www.descifrado.com/articulo.php?idart=21134&cat=Descifrado%2520en%2520la%2520Calle
Enero 22, 2007 Descifrado en la calle
A tres semanas de la sentencia presidencial de no renovar la concesión a RCTV, la tensión sobre el futuro del canal se mantiene en sintonía. Mientras el Gobierno lo acusa de golpista sin presentar pruebas legales, el presidente del Grupo 1BC, Marcel Granier insiste en el derecho a usar la señal hasta 2022. ¿Será posible una salida negociada?. (Edición 111 página 2 y 3)
Descifrado
descifrado@descifrado.com
[22-01-2007 11:25 ] El 28 de diciembre, Día de los Inocentes, cayó la sentencia del propio presidente Hugo Chávez: "No habrá nueva concesión para ese canal golpista que se llamó Radio Caracas Televisión". Hasta ese momento no había ningún pronunciamiento de Conatel (organismo encargado de "dictar las decisiones relativas a los procesos de las habilitaciones administrativas o concesiones", según la Ley Orgánica de Telecomunicaciones de 2000) ni un fallo judicial que sustentara el anuncio del mandatario. Pero eso importó poco.
Desde entonces, los funcionarios gubernamentales se han dedicado a ratificar la medida, repitiendo la acusación de golpismo y agregando presuntas violaciones a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la Constitución. Ante tal expediente, concluyen, es imposible renovar una concesión que se vencerá el próximo 27 de mayo, cuando expira el decreto 1.577, dictado en 1987 por el gobierno del presidente Jaime Lusinchi y que extendió por 20 años la concesión de RCTV.
En la otra acera Marcel Granier, presidente y principal accionista del Grupo 1BC, presenta sus argumentos. Dice que la medida viola leyes nacionales e internacionales, que las acusaciones gubernamentales deben ser probadas en los tribunales y que la concesión de RCTV no se vence este año. "La Ley Orgánica de Telecomunicaciones obligaba al Estado a tomar unas acciones –entrega de títulos de habilitación– antes del 12 de junio de 2002, acciones que no tomó y al no tomarlas, como hemos cumplido con todas nuestras obligaciones, tenemos derecho hasta el 12 de junio de 2022".
Para Granier se trata de un abuso de poder impulsado por la intención del presidente Chávez de silenciar a los medios de comunicación que critican su gestión. Pero RCTV, agrega, no está dispuesta a cambiar su línea editorial para complacer al gobierno y conservar la concesión: "por qué va una empresa que ha sido modelo y escuela para la radio y la televisión en Venezuela a cambiar su línea porque un funcionario público pretende cambiarla (…) En ningún medio del mundo se puede aceptar que el ministro de propaganda le dicte la línea informativa o convierta a los periodistas en propagandistas del régimen".
Dice la teoría
En las tres semanas transcurridas desde el anuncio presidencial, son muchas las opiniones en contra que han expresado distintas personalidades dentro y fuera del país. Destacan las de José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), que fueron respondidas con insultos por el presidente Chávez. Pero más allá de esas opiniones, hay ciertos aspectos técnicos que conviene tener en cuenta al momento de discutir sobre las concesiones para radio y televisión.
El primero es que el espectro radioeléctrico no pertenece al Estado, sino que es patrimonio de la humanidad. Así lo establecen los tratados de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), suscritos por Venezuela y reconocidos en el artículo 69 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones: "Corresponde a Conatel la administración, regulación, ordenación y control del espectro radioeléctrico, de conformidad con lo establecido en esta Ley y en las normas vinculantes dictadas por la UIT".
El segundo es que la renovación de una concesión no es una atribución del Presidente. El artículo 73 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones dice: "la concesión de uso del espectro radioeléctrico es un acto administrativo unilateral mediante el cual Conatel otorga o renueva, por tiempo limitado, a una persona natural o jurídica la condición de concesionario para el uso y explotación de una determinada porción del espectro radioeléctrico, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley".
El tercero es que, al ser el espacio radioeléctrico un bien que pertenece a la humanidad y que el Estado se limita a administrar, las medidas vinculadas con su asignación deben estar debidamente justificadas. Y en el caso de RCTV, hasta ahora no hay ninguna sentencia administrativa o penal que compruebe las prácticas golpistas o las violaciones legales en las que, según los funcionarios del Gobierno, ha incurrido este canal.
Por lo tanto, no está comprobada ninguna falta que amerite la revocatoria de la concesión (en el caso de que esté vigente hasta 2022, como argumenta Granier) o que impida la renovación, si se tiene como referencia el decreto de Lusinchi. Esa norma contemplaba una prórroga automática de 20 años que tendría que ser respetada, porque el artículo 210 de la nueva Ley indica que, mientras Conatel no haga la transformación de títulos, "todos los derechos y obligaciones adquiridos al amparo de la anterior legislación, permanecerán en pleno vigor, en los mismos términos y condiciones".
Después del 28…
De concretarse la decisión gubernamental de no renovar la concesión de RCTV, la señal de ese canal quedaría disponible a partir del 28 de mayo. Entonces el gobierno tendrá, por lo menos, tres opciones: otorgarle una concesión a otra empresa, utilizarla para una nueva televisora estatal o cederla a asociaciones o cooperativas de productores independientes.
La primera luce como la más improbable y pocos en el oficialismo se atreven a mencionarla. El gobernador de Carabobo, Luis Felipe Acosta Carles (a quien se le vincula con el empresario Carlos Batistini) asomó la posibilidad de que la señal se otorgara a La Tele o una nueva televisora. Luis Brito García también planteó esa opción, aunque de inmediato aclaró que "eso estaría en contra del socialismo del siglo XXI".
La idea de crear un nuevo canal estatal tampoco parece tener muchos promotores dentro del Gobierno. Ningún funcionario ha planteado esa posibilidad, al menos en sus declaraciones públicas. Dicen que están conformes, al menos por ahora, con Venezolana de Televisión, Vive TV, Telesur y ANTV, además de las televisoras comunitarias.
Esto deja a las asociaciones o cooperativas como probables beneficiarios de la señal que actualmente usa RCTV. Dicha alternativa –que iría en la línea anunciada por Chávez: "es una gran oportunidad de darle poder al pueblo, poder comunicacional a los que casi nunca tienen voz"– ha sido la más mencionada desde el oficialismo.
Pero, por los momentos, el Gobierno no se ha decantado por ninguna de las tres opciones. "La señal de televisión del canal 2 será operada por un grupo de cooperativas, una empresa mixta o cualquier modalidad que se defina en los meses que aún faltan", declaró Willian Lara, ministro de Comunicación e Información, hace algunos días.
Para RCTV las alternativas son dos, no excluyentes entre sí. Trenzarse en una lucha en los tribunales, nacionales o internacionales, en busca de que la decisión sea revertida. O aceptar la medida y usar sus instalaciones -que Lara garantizó que no serán expropiadas-, para mantenerse como una productora audiovisual para canales de cable y televisoras nacionales y extranjeras. Sea cual sea la alternativa, la reducción de personal se escucha cada vez más fuerte.
¿Salida negociada?
Uno de los argumentos utilizados por Earle Herrera para justificar la decisión gubernamental es que "los mecanismos de renovación del uso de las frecuencias radioeléctricas fueron turbias en el pasado". El periodista y actual diputado ha recordado que, para conservar la concesión de RCTV en 1987, el Grupo 1BC (que entonces también era dueño de El Diario de Caracas) despidió a muchos trabajadores por presiones del presidente Jaime Lusinchi.
Más que escudriñar los detalles de esa presunta negociación que permitió a RCTV seguir usando el espacio radioeléctrico, vale preguntarse si en las actuales circunstancias podría presentarse una situación similar. Es decir, a pesar de que los voceros gubernamentales han dicho que la medida es irreversible y que Granier asegura que no cambiará la línea editorial para complacer al gobierno, ¿es posible una salida negociada?.
Allí caben varios escenarios. Uno es que el Gobierno condicione la renovación de la concesión a la salida de determinados periodistas que le resultan incómodos. Otra que los demás accionistas del grupo presionen a Granier para que haya un cambio en la línea editorial y, sobre esa base, el Gobierno lo piense mejor. También puede ser que la salida de Granier, en el que han centrado sus críticas algunos voceros del oficialismo, sea suficiente para permitir que RCTV siga utilizando la señal.
lunes, 22 de enero de 2007
“Lo de RCTV es una acción despótica”
Entre Dos
Lunes 22 de Enero de 2007 | Tal Cual/4
TalCual
Entre Dos
Investigador y férreo defensor de una radiotelevisión pública de calidad, Antonio Pasquali califica de feroz la concentración de poder informativo del gobierno. Más aún “cuando Chávez no confía ni en sus ministros y acaba de ordenar la supresión de las oficinas de Prensa de todas las dependencias”
Elizabeth Araujo
Ilich Otero/TalCual
–¿Cuál es su opinión acerca del caso RCTV?
–Es un claro episodio despótico de retaliación política, estallido retardado y blanco selectivo (en el paredón faltó alguien que negoció previamente la genuflexión ante el autócrata, con Jimmy Carter de mediador).
Pero sirve también de escarmiento:
muéstrese “políticamente correcto” o se quedará sin concesión. Un abreboca de lo anunciado el domingo 14 por el teólogo del chavismo, Willian Izarra: “Todas las comunicaciones tienen que depender del Estado como bien público, como el petróleo”.
–Usted ha sido un crítico implacable del comportamiento de los medios televisivos privados, no sólo por el tipo de programación sino también como empresas.
¿Qué argumento del Gobierno encuentra razonable en este asunto?
–Según ciertas visiones ingenuas o alevosas, quienes llevamos medio siglo denunciando la confiscación mercantil de las comunicaciones, un uso cultural y socialmente catastrófico de las radioeléctricas, o la morosidad del Estado en dar al país una radiotelevisión pública de calidad, deberíamos aparecer ahora en la bajadita viendo pasar el cadáver del enemigo. Eso quisieran los chavistas, pero no nos hallarán ahí porque su decisión es antidemocrática y despótica, luego inaceptable. Vivimos en Venezuela en pleno “síndrome de las Malvinas” (el de las guerras en principio justas pero libradas por un contrincante indigno con armas, principios y fines equivocados), y el caso RCTV es típico al respecto; el chavismo ha robado muchas banderas para montar su grotesca caricatura de izquierdismo. Una cosa es imponer al concesionario privado “pliegos de obligaciones” cualitativas y promover una radiotelevisión pública de alta credibilidad que dé el buen ejemplo; muy otra es aplastar la disidencia con bota militar para imponer el silencio o la obsesiva retransmisión de la ideología oficial.
–¿Pero no le concede al Gobierno alguna buena intención, no acaba éste de declarar por ejemplo que la nacionalización de Cantv es para liberar aún más unas telecomunicaciones que esa empresa tenía represadas?
–Este gobierno, en mi opinión, ha hecho una sola cosa buena que ojalá perdure: convertir al venezolano –históricamente un pícaro evasor– en contribuyente. En ese amasijo de resentimientos sociales, clasistas y raciales, corrupción, militarismo, insensibilidad social (véase las cárceles), tentación totalitaria e ignorancia, es bien difícil dar con intenciones que no tengan su piquete al revés. El chavismo captó la importancia de la comunicación para el control de la estructura social, y maneja a fondo la manipulación semántica. Pregona el amor mientras practica el odio; el “poder popular” mientras centraliza totalitariamente; la libertad de comunicar mientras compra, cierra y embozala medios.
La cubanizante reestructuración administrativa en nombre de mayores libertades colectivas persigue en realidad una “devolution” al poder central de lo poco que se había logrado descentralizar.
Con la re-estatización de Cantv (otro episodio del que debiéramos regocijarnos quienes denunciamos su privatización), se quiere asegurar al régimen el control absoluto y sin testigos internacionales del espionaje telefónico y electrónico, de casi toda la telefonía fija del país, de la mejor red nacional de microonda y fibra óptica por donde transitan datos electorales, de la mejor red de celulares y del 83% de las conexiones a Internet. Más fundamentado es ahora el temor de que se nos convierta pronto en el 14º país de la Tierra con severos controles y censuras sobre Internet. Esas incongruencias recuerdan el “todo el poder a los soviets” de Lenin a la hora de dejarlos sin poder, o el procónsul Tito Quincio Flaminio quien en 196 aC. proclamó solemnemente la libertad de los griegos en el momento de convertirlos en colonos de Roma.
–¿Cómo calificaría entonces la reciente creación de un Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática?
–Es otra clonación, distorsión o caricatura de una vieja idea lanzada por la investigación venezolana en comunicaciones, separar el soporte del mensaje; pero –otra vez el síndrome de las Malvinas– para fines perversos, control ideológico de canales y contenidos, con Telecom y Comunicaciones en manos de dos connotados gaulaiter del régimen cuya fidelidad absoluta al autócrata va a menudo de consuno con su incompetencia. La concentración de poder informativo en el gobierno es feroz.Chávez no confía ni en sus ministros: acaba de ordenar la supresión de los departamentos de Prensa y Publicidad de todas las dependencias.
Los ministros sólo podrán declarar desde Miraflores y se les prohíbe contradecir al Presidente.El 11 de enero, nuestro flamante exponente del “poder popular” en telecom comenzó a clonar y “chavizar” también la gloriosa y democrática noción de “servicio público”.
Se armó un colosal pasticho conceptual y citó como ejemplo de modelo europeo de servicio público la francesa TF1, una televisora... privatizada hace dos décadas, adquirida por la multinacional Bouygues que invierte en ella unos 3 millardos anuales de euros con ganancias netas cercanas a los 280 millones.
–Pero el ministro Lara prometió la discusión pública de ese modelo.
¿Alguna vez se dio en Venezuela un debate serio acerca del papel de los medios, sus fines, comportamiento y responsabilidad frente al público?
–Aunque el país no termine de asumirlo, ya vivimos en dictadura del proletariado democráticamente electa, regida por un militar déspota y continuista que ahora funda su propio partido nacionalsocialista, oficial y único.El régimen le tiene terror al verdadero debate público. De hecho, Chávez se negó a un debate televisado con Rosales; los eufemismos de “parlamentarismo popular” o “discusión pública” encubren el falso diálogo con gente resteada o adoctrinada que les aprueba todo. Citaré al chavista honesto Néstor Francia: “El Presidente dijo que el debate sobre el partido único ya se realizó.
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Con quién? Por los lados de mi casa no sería... .”.
Históricamente, el sector privado y el público se han negado siempre a un debate público sobre comunicaciones.
Sólo en 1974, con el Informe Ratelve, se dio en el país un análisis científico y pluralista sobre medios radioeléctricos; la hegemonía de la época lo enterró. La parcialidad, resentimiento, prepotencia y anti-cientificismo del régimen actual excluye toda posibilidad de una genuina discusión pública.
–A propósito de cientificismo, ¿cuánta seriedad aprecia en los planteamientos que ha hecho Rigoberto Lanz en pos de una “nueva ciencia” no teologizada?
–A Lanz ya le contestó Eduardo Vásquez en nombre de la inteligencia nacional. El y Farruco Sesto van camino de convertirse en los Trefim Lysenko y Boris Ponomarev del autócrata criollo.
–Si tuviera ocasión de debatir con el presidente Chávez en torno a las comunicaciones nacionales y a su idea del socialismo del siglo XXI ¿qué le diría?
–Usted bromea. ¿Cómo puede un escuálido “debatir” con quien sólo habla con Dios y los espíritus de Bolívar y Zamora? En todo caso, le hablaría de su ignorancia de la dialéctica, de que reemplazar el anterior mercantilismo extranjerizante con mensajes obsesivamente ideológicos y autárquicos es simplemente cambiar un mecanismo de manipulación y dependencia por otro; es quedarse varado en la antítesis como negación de una tesis en lugar de dar el salto a la síntesis.Le diría que su plúmbea radiotelevisión recuerda irresistiblemente la de Ceausescu, Jaruzelski, Husak, Brezhnev y Zhivkov.
__._,_.___
Lunes 22 de Enero de 2007 | Tal Cual/4
TalCual
Entre Dos
Investigador y férreo defensor de una radiotelevisión pública de calidad, Antonio Pasquali califica de feroz la concentración de poder informativo del gobierno. Más aún “cuando Chávez no confía ni en sus ministros y acaba de ordenar la supresión de las oficinas de Prensa de todas las dependencias”
Elizabeth Araujo
Ilich Otero/TalCual
–¿Cuál es su opinión acerca del caso RCTV?
–Es un claro episodio despótico de retaliación política, estallido retardado y blanco selectivo (en el paredón faltó alguien que negoció previamente la genuflexión ante el autócrata, con Jimmy Carter de mediador).
Pero sirve también de escarmiento:
muéstrese “políticamente correcto” o se quedará sin concesión. Un abreboca de lo anunciado el domingo 14 por el teólogo del chavismo, Willian Izarra: “Todas las comunicaciones tienen que depender del Estado como bien público, como el petróleo”.
–Usted ha sido un crítico implacable del comportamiento de los medios televisivos privados, no sólo por el tipo de programación sino también como empresas.
¿Qué argumento del Gobierno encuentra razonable en este asunto?
–Según ciertas visiones ingenuas o alevosas, quienes llevamos medio siglo denunciando la confiscación mercantil de las comunicaciones, un uso cultural y socialmente catastrófico de las radioeléctricas, o la morosidad del Estado en dar al país una radiotelevisión pública de calidad, deberíamos aparecer ahora en la bajadita viendo pasar el cadáver del enemigo. Eso quisieran los chavistas, pero no nos hallarán ahí porque su decisión es antidemocrática y despótica, luego inaceptable. Vivimos en Venezuela en pleno “síndrome de las Malvinas” (el de las guerras en principio justas pero libradas por un contrincante indigno con armas, principios y fines equivocados), y el caso RCTV es típico al respecto; el chavismo ha robado muchas banderas para montar su grotesca caricatura de izquierdismo. Una cosa es imponer al concesionario privado “pliegos de obligaciones” cualitativas y promover una radiotelevisión pública de alta credibilidad que dé el buen ejemplo; muy otra es aplastar la disidencia con bota militar para imponer el silencio o la obsesiva retransmisión de la ideología oficial.
–¿Pero no le concede al Gobierno alguna buena intención, no acaba éste de declarar por ejemplo que la nacionalización de Cantv es para liberar aún más unas telecomunicaciones que esa empresa tenía represadas?
–Este gobierno, en mi opinión, ha hecho una sola cosa buena que ojalá perdure: convertir al venezolano –históricamente un pícaro evasor– en contribuyente. En ese amasijo de resentimientos sociales, clasistas y raciales, corrupción, militarismo, insensibilidad social (véase las cárceles), tentación totalitaria e ignorancia, es bien difícil dar con intenciones que no tengan su piquete al revés. El chavismo captó la importancia de la comunicación para el control de la estructura social, y maneja a fondo la manipulación semántica. Pregona el amor mientras practica el odio; el “poder popular” mientras centraliza totalitariamente; la libertad de comunicar mientras compra, cierra y embozala medios.
La cubanizante reestructuración administrativa en nombre de mayores libertades colectivas persigue en realidad una “devolution” al poder central de lo poco que se había logrado descentralizar.
Con la re-estatización de Cantv (otro episodio del que debiéramos regocijarnos quienes denunciamos su privatización), se quiere asegurar al régimen el control absoluto y sin testigos internacionales del espionaje telefónico y electrónico, de casi toda la telefonía fija del país, de la mejor red nacional de microonda y fibra óptica por donde transitan datos electorales, de la mejor red de celulares y del 83% de las conexiones a Internet. Más fundamentado es ahora el temor de que se nos convierta pronto en el 14º país de la Tierra con severos controles y censuras sobre Internet. Esas incongruencias recuerdan el “todo el poder a los soviets” de Lenin a la hora de dejarlos sin poder, o el procónsul Tito Quincio Flaminio quien en 196 aC. proclamó solemnemente la libertad de los griegos en el momento de convertirlos en colonos de Roma.
–¿Cómo calificaría entonces la reciente creación de un Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática?
–Es otra clonación, distorsión o caricatura de una vieja idea lanzada por la investigación venezolana en comunicaciones, separar el soporte del mensaje; pero –otra vez el síndrome de las Malvinas– para fines perversos, control ideológico de canales y contenidos, con Telecom y Comunicaciones en manos de dos connotados gaulaiter del régimen cuya fidelidad absoluta al autócrata va a menudo de consuno con su incompetencia. La concentración de poder informativo en el gobierno es feroz.Chávez no confía ni en sus ministros: acaba de ordenar la supresión de los departamentos de Prensa y Publicidad de todas las dependencias.
Los ministros sólo podrán declarar desde Miraflores y se les prohíbe contradecir al Presidente.El 11 de enero, nuestro flamante exponente del “poder popular” en telecom comenzó a clonar y “chavizar” también la gloriosa y democrática noción de “servicio público”.
Se armó un colosal pasticho conceptual y citó como ejemplo de modelo europeo de servicio público la francesa TF1, una televisora... privatizada hace dos décadas, adquirida por la multinacional Bouygues que invierte en ella unos 3 millardos anuales de euros con ganancias netas cercanas a los 280 millones.
–Pero el ministro Lara prometió la discusión pública de ese modelo.
¿Alguna vez se dio en Venezuela un debate serio acerca del papel de los medios, sus fines, comportamiento y responsabilidad frente al público?
–Aunque el país no termine de asumirlo, ya vivimos en dictadura del proletariado democráticamente electa, regida por un militar déspota y continuista que ahora funda su propio partido nacionalsocialista, oficial y único.El régimen le tiene terror al verdadero debate público. De hecho, Chávez se negó a un debate televisado con Rosales; los eufemismos de “parlamentarismo popular” o “discusión pública” encubren el falso diálogo con gente resteada o adoctrinada que les aprueba todo. Citaré al chavista honesto Néstor Francia: “El Presidente dijo que el debate sobre el partido único ya se realizó.
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Con quién? Por los lados de mi casa no sería... .”.
Históricamente, el sector privado y el público se han negado siempre a un debate público sobre comunicaciones.
Sólo en 1974, con el Informe Ratelve, se dio en el país un análisis científico y pluralista sobre medios radioeléctricos; la hegemonía de la época lo enterró. La parcialidad, resentimiento, prepotencia y anti-cientificismo del régimen actual excluye toda posibilidad de una genuina discusión pública.
–A propósito de cientificismo, ¿cuánta seriedad aprecia en los planteamientos que ha hecho Rigoberto Lanz en pos de una “nueva ciencia” no teologizada?
–A Lanz ya le contestó Eduardo Vásquez en nombre de la inteligencia nacional. El y Farruco Sesto van camino de convertirse en los Trefim Lysenko y Boris Ponomarev del autócrata criollo.
–Si tuviera ocasión de debatir con el presidente Chávez en torno a las comunicaciones nacionales y a su idea del socialismo del siglo XXI ¿qué le diría?
–Usted bromea. ¿Cómo puede un escuálido “debatir” con quien sólo habla con Dios y los espíritus de Bolívar y Zamora? En todo caso, le hablaría de su ignorancia de la dialéctica, de que reemplazar el anterior mercantilismo extranjerizante con mensajes obsesivamente ideológicos y autárquicos es simplemente cambiar un mecanismo de manipulación y dependencia por otro; es quedarse varado en la antítesis como negación de una tesis en lugar de dar el salto a la síntesis.Le diría que su plúmbea radiotelevisión recuerda irresistiblemente la de Ceausescu, Jaruzelski, Husak, Brezhnev y Zhivkov.
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Resistencia Civil, Chávez debe garantizar prestaciones a trabajadores de RCTV
http://www.el-carabobeno.com/p_pag_not.aspx?art=a220107e04&id=t220107-e04
Domingo Alberto Rangel.Foto Tomas Fonseca
Maritza Villarroel O.
Caracas, enero 21 (REDACTA).- El dirigente de Resistencia Civil Domingo Alberto Rangel instó al Estado, especialmente al presidente de la República, Hugo Chávez, a hacer algo para que se les garantice a los trabajadores de Radio Caracas Televisión (RCTV) sus prestaciones sociales, pues “él es culpable de esta situación”.
“No es posible que el Estado, por boca del Presidente, haya armado este berenjenal de no renovar la concesión a RCTV, y el Estado, que se dice socialista se desentienda de los empleados que trabajan allí”.
Agregó que, para los socialistas, la solidaridad es una obligación; no es posible que el Estado tome esa decisión y no haga nada con respecto a las prestaciones de los empleados que se van a quedar en la calle.
Al comentar uno de los aspectos planteados por el presidente de la República, Hugo Chávez, referente al reordenamiento del territorio, dijo que este punto no tiene nada que ver con el socialismo; como el Jefe de Estado lo ha dicho, “ha habido estados socialistas que tienen muchos municipios y otros que tienen muy pocos municipios”.
-Ésta es una medida absurda y lo que busca es unir a los municipios donde ha perdido con otros donde ha ganado, para quitarles el poder a grupos que no son afectos a él.
Indicó que la experiencia le indica que el municipio mientras más cerca está del ciudadano, es más eficiente. “Decimos que el municipio Libertador debería dividirse en ocho municipios, Sucre por lo menos en tres; lo mismo podríamos decir de Valencia, Maracaibo, Barquisimeto”.
-Al Presidente de la República hay que desenmascararlo, lo que está buscando es unir a Chacao, Baruta y El Hatillo con Petare, calculando que así gana las elecciones. Quien pierde es el ciudadano.
Dijo que quieren una reunión con el Presidente o el Vicepresidente, ya que los jueces de paz -figura constitucional- le hacen muchos favores a la comunidad “y están abandonados, porque no les importan a las autoridades”.
Añadió que si se van a cambiar casi 40 ó 60 leyes, una que deben modificar es la referente a la justicia y la paz, porque el juez de paz no puede ejercer ad honorem.
Domingo Alberto Rangel.Foto Tomas Fonseca
Maritza Villarroel O.
Caracas, enero 21 (REDACTA).- El dirigente de Resistencia Civil Domingo Alberto Rangel instó al Estado, especialmente al presidente de la República, Hugo Chávez, a hacer algo para que se les garantice a los trabajadores de Radio Caracas Televisión (RCTV) sus prestaciones sociales, pues “él es culpable de esta situación”.
“No es posible que el Estado, por boca del Presidente, haya armado este berenjenal de no renovar la concesión a RCTV, y el Estado, que se dice socialista se desentienda de los empleados que trabajan allí”.
Agregó que, para los socialistas, la solidaridad es una obligación; no es posible que el Estado tome esa decisión y no haga nada con respecto a las prestaciones de los empleados que se van a quedar en la calle.
Al comentar uno de los aspectos planteados por el presidente de la República, Hugo Chávez, referente al reordenamiento del territorio, dijo que este punto no tiene nada que ver con el socialismo; como el Jefe de Estado lo ha dicho, “ha habido estados socialistas que tienen muchos municipios y otros que tienen muy pocos municipios”.
-Ésta es una medida absurda y lo que busca es unir a los municipios donde ha perdido con otros donde ha ganado, para quitarles el poder a grupos que no son afectos a él.
Indicó que la experiencia le indica que el municipio mientras más cerca está del ciudadano, es más eficiente. “Decimos que el municipio Libertador debería dividirse en ocho municipios, Sucre por lo menos en tres; lo mismo podríamos decir de Valencia, Maracaibo, Barquisimeto”.
-Al Presidente de la República hay que desenmascararlo, lo que está buscando es unir a Chacao, Baruta y El Hatillo con Petare, calculando que así gana las elecciones. Quien pierde es el ciudadano.
Dijo que quieren una reunión con el Presidente o el Vicepresidente, ya que los jueces de paz -figura constitucional- le hacen muchos favores a la comunidad “y están abandonados, porque no les importan a las autoridades”.
Añadió que si se van a cambiar casi 40 ó 60 leyes, una que deben modificar es la referente a la justicia y la paz, porque el juez de paz no puede ejercer ad honorem.
viernes, 19 de enero de 2007
Chávez afirma que tendrán que derrocarlo antes de renovar concesión de RCTV
Viernes, 19 de Enero de 2007
http://www.unionradio.com.ve/Noticias/Noticia.aspx?noticiaid=192363
UNION RADIO -
El presidente de la República, Hugo Chávez Frías, durante su intervención en la reunión de presidentes del Mercosur que se realiza en Río de Janeiro, se refirió al tema de Radio Caracas Televisión, al respecto sentenció que no renovará la concesión por las acciones "golpistas" de la planta televisiva e indicó que tendría que ser derrocado para que esta concesión sea renovada.
Chávez manifestó que "el proceso interno venezolano, es un proceso complejo, difícil y pedimos que se hagan esfuerzos para entenderlo cada día y en Venezuela hay un proceso plenamente democrático y han estado los medios de comunicación. Es una decisión que he anunciado y que es una potestad del Estado. Una televisora que es símbolo de la oligarquía por cierto y a la que le dieron una concesión gobiernos anteriores hace ya 20 años, sencillamente se le vence la concesión y nosotros dueños del espacio radioeléctrico como lo es el Estado, hemos decidido, sencilla y llanamente no renovarle la concesión ".
Hugo Chávez Frías dejó claro que la concesión de RCTV "no la renovaremos, ni que muevan cielo y tierra, tendrán que derrocarme y no se la renovaría yo. Es un Estado soberano que quiere libertad de expresión. Esta gente el día del golpe, hicieron todo el golpe mediático y cuando el pueblo salió a las calles y cuando el tirano caía comenzaron a pasar películas, comiquitas de Tom y Jerry".
De igual forma, ratificó el compromiso que mantiene la República de Venezuela con la integración regional a través de este grupo regional.
El mandatario nacional, manifestó además que, "Venezuela ratifica querido amigo presidente Lula y todos los colegas, presidente Nicanor, que a partir de hoy es nuestro presidente pro tempore, nuestro compromiso con este bloque de integración, nuestro pleno compromiso y queremos cada día trabajar más y contribuir más en el Mercosur del siglo XXI".
El mandatario también apuntó las razones que lo llevaron a decirse para la nacionalización de la CANTV, indicando que esta habría sido utilizada para grabar sus conversaciones telefónicas.
Al referirse a la CANTV señaló que "la recuperación de la propiedad estatal de la telefónica venezolana, en manos de quien está, de los capitales norteamericanos, y han utilizado la telefónica venezolana para grabar al presidente de la República, por ejemplo. Es el imperio, hermano, en 20 años que tiene casi privatizado ese sector, nunca cumplieron las cláusulas sociales".
Prosiguió el mandatario nacional, "por decir solo dos o tres casos de la justificación de la recuperación, para la propiedad social, la propiedad nacional de un área tan estratégica como está(las telecomunicaciones)".
El mandatario nacional indicó que para mantener la unión entre los países del sur, es necesario no intervenir en los asuntos internos de las otras naciones, y señaló "yo ruego a los partidos de oposición, sobre todo de la derecha, que a mí no me inmiscuyan en los asuntos internos de los países, porque eso causa daño a la integración".
Reiteró el mandatario que "yo ruego que hasta donde se pueda, que a mí no se me inmiscuya en los asuntos internos, sobre todo en los electorales, nosotros respetamos profundamente la soberanía de cada país, como queremos que se respete la nuestra".
http://www.unionradio.com.ve/Noticias/Noticia.aspx?noticiaid=192363
UNION RADIO -
El presidente de la República, Hugo Chávez Frías, durante su intervención en la reunión de presidentes del Mercosur que se realiza en Río de Janeiro, se refirió al tema de Radio Caracas Televisión, al respecto sentenció que no renovará la concesión por las acciones "golpistas" de la planta televisiva e indicó que tendría que ser derrocado para que esta concesión sea renovada.
Chávez manifestó que "el proceso interno venezolano, es un proceso complejo, difícil y pedimos que se hagan esfuerzos para entenderlo cada día y en Venezuela hay un proceso plenamente democrático y han estado los medios de comunicación. Es una decisión que he anunciado y que es una potestad del Estado. Una televisora que es símbolo de la oligarquía por cierto y a la que le dieron una concesión gobiernos anteriores hace ya 20 años, sencillamente se le vence la concesión y nosotros dueños del espacio radioeléctrico como lo es el Estado, hemos decidido, sencilla y llanamente no renovarle la concesión ".
Hugo Chávez Frías dejó claro que la concesión de RCTV "no la renovaremos, ni que muevan cielo y tierra, tendrán que derrocarme y no se la renovaría yo. Es un Estado soberano que quiere libertad de expresión. Esta gente el día del golpe, hicieron todo el golpe mediático y cuando el pueblo salió a las calles y cuando el tirano caía comenzaron a pasar películas, comiquitas de Tom y Jerry".
De igual forma, ratificó el compromiso que mantiene la República de Venezuela con la integración regional a través de este grupo regional.
El mandatario nacional, manifestó además que, "Venezuela ratifica querido amigo presidente Lula y todos los colegas, presidente Nicanor, que a partir de hoy es nuestro presidente pro tempore, nuestro compromiso con este bloque de integración, nuestro pleno compromiso y queremos cada día trabajar más y contribuir más en el Mercosur del siglo XXI".
El mandatario también apuntó las razones que lo llevaron a decirse para la nacionalización de la CANTV, indicando que esta habría sido utilizada para grabar sus conversaciones telefónicas.
Al referirse a la CANTV señaló que "la recuperación de la propiedad estatal de la telefónica venezolana, en manos de quien está, de los capitales norteamericanos, y han utilizado la telefónica venezolana para grabar al presidente de la República, por ejemplo. Es el imperio, hermano, en 20 años que tiene casi privatizado ese sector, nunca cumplieron las cláusulas sociales".
Prosiguió el mandatario nacional, "por decir solo dos o tres casos de la justificación de la recuperación, para la propiedad social, la propiedad nacional de un área tan estratégica como está(las telecomunicaciones)".
El mandatario nacional indicó que para mantener la unión entre los países del sur, es necesario no intervenir en los asuntos internos de las otras naciones, y señaló "yo ruego a los partidos de oposición, sobre todo de la derecha, que a mí no me inmiscuyan en los asuntos internos de los países, porque eso causa daño a la integración".
Reiteró el mandatario que "yo ruego que hasta donde se pueda, que a mí no se me inmiscuya en los asuntos internos, sobre todo en los electorales, nosotros respetamos profundamente la soberanía de cada país, como queremos que se respete la nuestra".
jueves, 18 de enero de 2007
INFOCRACIA
Día a día
Jueves 18 de Enero de 2007 | Tal Cual/4
TalCual
Día a día
ANDRÉS CAÑIZÁLEZ
ucanizal@ucab.edu.ve
Una carta de Baruch Ivcher
Me llamó Baruch Ivcher, nací en Israel y me hice ciudadano peruano en
1984. Durante los primeros años del gobierno de Alberto Fujimori
estuve entre los peruanos que hastiados de los políticos tradicionales
apoyé sus medidas, incluido el cierre del Congreso. Años después,
reconocí mi error.
En Perú durante los años 90 se consolidó mi negocio en la televisión,
a la par que mantenía otras actividades comerciales. De esa manera me
convertí en el accionista mayoritario de Frecuencia Latina, un
importante canal de señal abierta. En estos años iniciales de Fujimori
mantuve simpatías con el gobierno y eso facilitó una relación fluida
entre mi canal y el Ejecutivo. A mediados de los 90 se hizo evidente
que Fujimori pretendía perpetuarse en el poder, la reforma
constitucional era una muestra de ello, y en esa misma medida comenzó
a tener una relación difícil con los medios, especialmente la
televisión. Eso se debía a una razón muy natural, en Perú los pobres
leen poca prensa y el medio fundamental es la televisión, y esa era la
audiencia a la que quería llegar el Presidente.
En la medida en que me distancié del gobierno, y era más evidente el
proyecto personalista de Fujimori, comprendí mi error de haberlo
apoyado. Por aquellos años, entre fines de 1995 e inicios de 1996
creamos una unidad de investigación, la cual tendría como punta de
lanza el programa Contrapunto. Medios impresos importantes también
hacían investigación, como fue el caso del diario El Comercio, pero
como ya dije su impacto en la población era reducido y por tal razón
el gobierno no tenía mayor preocupación, además había creado la prensa
chicha para desprestigiar al trabajo periodístico independiente. Las
acciones gubernamentales, como se vio luego con los videos de
Montesinos, incluían la más descarada compra de los titulares
informativos y manejo de personal en los medios de comunicación.
Montesinos también trató de comprarme. Querían un canal de televisión
dócil y especialmente deseaban que saliera del aire Contrapunto, que
con un periodismo de investigación puso el dedo en la llaga en
distintos problemas. La audiencia peruana respondió y así el programa
era visto por millones de personas. Revelamos dos hechos que
sacudieron a la opinión pública al poner al descubierto el carácter
sanguinario del Servicio de Inteligencia, que dirigía Montesinos.
Por un lado, la mutilación y asesinato de la agente Mariela Barreto,
señalada de filtrar información a la prensa, así como las torturas a
las que fue sometida otra agente, Leonor La Rosa. Esto ocurrió en
1997, y ya parecía que tenía mis días contados al frente de Frecuencia
Latina.
El 13 de julio de 1997 se me invalidó mi condición de ciudadano
peruano y por tanto se me impedía, legalmente, seguir al frente del
canal. El gobierno argumentó que no se violaba la libertad de
expresión e incluso logró la complicidad de dos de los socios
minoritarios, los hermanos Winter, quienes pasaron a tomar el control
de Frecuencia Latina. La programación pasó a ser complaciente con el
Ejecutivo.
Intenté acudir a la Corte Suprema, pero debido a las acciones de
Fujimori para perpetuarse en el poder, varios magistrados estaban
suspendidos por haberse opuesto a una nueva reforma constitucional que
garantizara la continuidad del fujimorato. En Perú se cerraron las
puertas y acudí al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Tras varios años se demostró que toda la treta gubernamental era en
realidad una evidente violación de la libertad de expresión, para
silenciar a un medio con información y puntos de vista incómodos. Pude
recuperar el canal y sobre todo triunfó la democracia.
Infocracia es una iniciativa del Centro de Investigaciones de la
Comunicación de la UCAB y puede visitarse en:
http://www.ucab.edu.ve/ucabnuevo/Infocracia_CIC
__._,_.___
Jueves 18 de Enero de 2007 | Tal Cual/4
TalCual
Día a día
ANDRÉS CAÑIZÁLEZ
ucanizal@ucab.edu.ve
Una carta de Baruch Ivcher
Me llamó Baruch Ivcher, nací en Israel y me hice ciudadano peruano en
1984. Durante los primeros años del gobierno de Alberto Fujimori
estuve entre los peruanos que hastiados de los políticos tradicionales
apoyé sus medidas, incluido el cierre del Congreso. Años después,
reconocí mi error.
En Perú durante los años 90 se consolidó mi negocio en la televisión,
a la par que mantenía otras actividades comerciales. De esa manera me
convertí en el accionista mayoritario de Frecuencia Latina, un
importante canal de señal abierta. En estos años iniciales de Fujimori
mantuve simpatías con el gobierno y eso facilitó una relación fluida
entre mi canal y el Ejecutivo. A mediados de los 90 se hizo evidente
que Fujimori pretendía perpetuarse en el poder, la reforma
constitucional era una muestra de ello, y en esa misma medida comenzó
a tener una relación difícil con los medios, especialmente la
televisión. Eso se debía a una razón muy natural, en Perú los pobres
leen poca prensa y el medio fundamental es la televisión, y esa era la
audiencia a la que quería llegar el Presidente.
En la medida en que me distancié del gobierno, y era más evidente el
proyecto personalista de Fujimori, comprendí mi error de haberlo
apoyado. Por aquellos años, entre fines de 1995 e inicios de 1996
creamos una unidad de investigación, la cual tendría como punta de
lanza el programa Contrapunto. Medios impresos importantes también
hacían investigación, como fue el caso del diario El Comercio, pero
como ya dije su impacto en la población era reducido y por tal razón
el gobierno no tenía mayor preocupación, además había creado la prensa
chicha para desprestigiar al trabajo periodístico independiente. Las
acciones gubernamentales, como se vio luego con los videos de
Montesinos, incluían la más descarada compra de los titulares
informativos y manejo de personal en los medios de comunicación.
Montesinos también trató de comprarme. Querían un canal de televisión
dócil y especialmente deseaban que saliera del aire Contrapunto, que
con un periodismo de investigación puso el dedo en la llaga en
distintos problemas. La audiencia peruana respondió y así el programa
era visto por millones de personas. Revelamos dos hechos que
sacudieron a la opinión pública al poner al descubierto el carácter
sanguinario del Servicio de Inteligencia, que dirigía Montesinos.
Por un lado, la mutilación y asesinato de la agente Mariela Barreto,
señalada de filtrar información a la prensa, así como las torturas a
las que fue sometida otra agente, Leonor La Rosa. Esto ocurrió en
1997, y ya parecía que tenía mis días contados al frente de Frecuencia
Latina.
El 13 de julio de 1997 se me invalidó mi condición de ciudadano
peruano y por tanto se me impedía, legalmente, seguir al frente del
canal. El gobierno argumentó que no se violaba la libertad de
expresión e incluso logró la complicidad de dos de los socios
minoritarios, los hermanos Winter, quienes pasaron a tomar el control
de Frecuencia Latina. La programación pasó a ser complaciente con el
Ejecutivo.
Intenté acudir a la Corte Suprema, pero debido a las acciones de
Fujimori para perpetuarse en el poder, varios magistrados estaban
suspendidos por haberse opuesto a una nueva reforma constitucional que
garantizara la continuidad del fujimorato. En Perú se cerraron las
puertas y acudí al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Tras varios años se demostró que toda la treta gubernamental era en
realidad una evidente violación de la libertad de expresión, para
silenciar a un medio con información y puntos de vista incómodos. Pude
recuperar el canal y sobre todo triunfó la democracia.
Infocracia es una iniciativa del Centro de Investigaciones de la
Comunicación de la UCAB y puede visitarse en:
http://www.ucab.edu.ve/ucabnuevo/Infocracia_CIC
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Conatel liberó y puso disponible frecuencia de los Niños Cantores del Zulia
17/01/2007
http://www.globovision.com/news.php?nid=47481
La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del magistrado Hadel Mostafá Paolini, declaró improcedente la suspensión de efectos solicitada por la Arquidiócesis de Maracaibo y Niños Cantores Televisión, C.A., dictada por el director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, mediante la cual se liberan y declaran disponibles, entre otras, las frecuencias del espectro radioeléctrico 11 (VHF) del estado Zulia; 8 (VHF) del estado Táchira; 36 (UHF) del estado Carabobo; 5 (VHF) y 48 (UHF) del estado Zulia.
Una vez precisado lo anterior, reiteró la Sala que el criterio del Alto Tribunal conforme al cual la suspensión de efectos de los actos administrativos a que se refiere el aparte veintiuno del artículo 21 de la citada ley orgánica, constituye una medida preventiva establecida por nuestro ordenamiento jurídico, mediante la cual, haciendo excepción al principio de ejecutoriedad del acto administrativo, consecuencia de la presunción de legalidad, se procura evitar lesiones irreparables o de difícil reparación al ejecutarse una eventual decisión anulatoria del acto, porque ello podría constituir un atentado a la garantía del derecho fundamental de acceso a la justicia y al debido proceso.
En este sentido, debe el Juez velar porque su decisión se fundamente no sólo en un simple alegato de perjuicio, sino en la argumentación y acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción de un posible perjuicio real y procesal para el recurrente.
Establecidos los anteriores lineamientos, pasó la Sala a verificar su cumplimiento en el caso concreto, y en tal sentido advierte que el apoderado judicial de las recurrentes esgrimió que el fumus boni iuris se encuentra satisfecho a su entender por las presuntas violaciones a garantías constitucionales y legales en las que incurre el acto parcialmente recurrido, en concreto, las relativas al debido proceso, a ser juzgado por sus jueces naturales, al derecho a la defensa, incompetencia manifiesta y falso supuesto de hecho.
La Sala apreció que en el escrito libelar las recurrentes manifestaron que el acto que dio origen a la Providencia Administrativa dictada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, objeto del presente recurso, es el contenido en la Resolución DM/N° 023/2005 del 1° de diciembre de 2005, dictada por el Ministro de Infraestructura, la cual aducen fue interpretada erróneamente por la referida Comisión originando de esta manera las violaciones antes aludidas.
Ahora bien, adujo el apoderado judicial de las recurrentes que la orden contenida en la Resolución dirigida a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para que iniciara un procedimiento administrativo contra la sociedad mercantil Niños Cantores Televisión, C.A., mediante el cual se determinara la situación jurídica en la cual se encuentran los canales 11 VHF en Maracaibo, estado Zulia; 5 VHF en Machiques, estado Zulia; 48 UHF en la Costa Oriental, estado Zulia; 36 UHF en el estado Carabobo y 8 VHF en San Cristóbal, estado Táchira, a fin de que fueran liberados o no, fue erróneamente interpretada por la aludida Comisión, toda vez que -a su entender- procedió a través del acto impugnado a liberar dichas frecuencias del espectro radioeléctrico sin llevar a cabo el procedimiento requerido y ordenado por el Ministro de Infraestructura.
Por otra parte, las actoras alegaron mantener sobre las referidas frecuencias derechos consistentes en " títulos administrativos que se les asignó", por lo que la Providencia parcialmente recurrida las despojaría -a su decir- de sus permisos y las correspondientes reservas de canales, " más aun cuando varios de los canales están en perfecta operación".
No obstante lo anterior, la Sala apreció que no se desprende de los elementos cursantes en autos la existencia de las correspondientes concesiones requeridas para el uso y explotación de las frecuencias del espectro radioeléctrico que aducen las recurrentes poseer.
En efecto, como único elemento probatorio de tal afirmación fue consignada por las actoras junto con el escrito libelar, copia del oficio N° 1430 del 15 de diciembre de 1989, suscrito por el Director General Sectorial de Comunicaciones del entonces Ministerio de Transporte y Comunicaciones y dirigido al Arzobispo de Maracaibo, donde le indica que " el ciudadano Ministro de Transporte y Comunicaciones, con la aprobación del ciudadano Presidente de la República, ha autorizado a la estación televisora 'Canal 11 del Zulia' a extender su cobertura a todo el territorio nacional. "
Asimismo, de la revisión de las copias certificadas remitidas por el Ministro de Infraestructura relativas al expediente administrativo correspondiente a la sociedad mercantil Niños Cantores Televisión, C.A., sustanciado con ocasión de la Resolución DM/N° 023/2005 del 1° de diciembre de 2005, parcialmente transcrita en párrafos precedentes, se constata que anexa al acta de la inspección realizada por funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en la sede de la referida empresa el 19 de septiembre de 2005, fueron consignadas por sus representantes copias de los oficios emitidos por el Director General Sectorial de Comunicaciones del entonces Ministerio de Transporte y Comunicaciones, de los cuales se desprende la reserva de los canales 11 VHF en Maracaibo, estado Zulia; 5 VHF en Machiques, estado Zulia; 48 UHF en la Costa Oriental, estado Zulia; 36 UHF en el estado Carabobo y 8 VHF en San Cristóbal, estado Táchira.
Las razones
Ahora bien –indicó la Sala-, los documentos antes descritos no suponen la existencia de las autorizaciones necesarias para el uso y explotación de las frecuencias del espectro radioeléctrico que afirman poseer las actoras, son tan solo elementos que hacen presumir la realización por parte de éstas de los trámites administrativos requeridos para su obtención.
Adicionalmente, es preciso señalar que en la Resolución DM/N° 023/2005 del 1° de diciembre de 2005, dictada por el Ministro de Infraestructura y que dio origen al acto objeto del presente recurso de nulidad, expresamente se indica que " durante la fase de sustanciación del procedimiento, no fue posible demostrar que el órgano competente en materia de telecomunicaciones hubiese autorizado a la prenombrada sociedad mercantil, el uso y explotación de las frecuencias (…) ".
Del examen preliminar efectuado por la Sala en fase cautelar, así como en aplicación del principio de presunción de veracidad de los actos administrativos, sin prejuzgar sobre el fondo como definitivo surgió la presunción que las recurrentes no poseen las autorizaciones necesarias para el uso y explotación de las siguientes frecuencias del espectro radioeléctrico: 11 VHF en Maracaibo, estado Zulia; 5 VHF en Machiques, estado Zulia; 48 UHF en la Costa Oriental, estado Zulia; 36 UHF en el estado Carabobo y 8 VHF en San Cristóbal, estado Táchira.
Sentado lo anterior, la Sala concluyó que no existe la apariencia de buen derecho a favor de las actoras, sin que ello implique un adelanto de opinión respecto a la sentencia definitiva que haya de producirse en el presente proceso; y así lo declaró.
Al haberse declarado la improcedencia del fumus boni iuris , la Sala estimó inoficioso entrar a analizar lo atinente al periculum in mora, pues como ya fuese señalado, se exige la obligatoria concurrencia de ambos para el acuerdo de cualquier tutela cautelar.
http://www.globovision.com/news.php?nid=47481
La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del magistrado Hadel Mostafá Paolini, declaró improcedente la suspensión de efectos solicitada por la Arquidiócesis de Maracaibo y Niños Cantores Televisión, C.A., dictada por el director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, mediante la cual se liberan y declaran disponibles, entre otras, las frecuencias del espectro radioeléctrico 11 (VHF) del estado Zulia; 8 (VHF) del estado Táchira; 36 (UHF) del estado Carabobo; 5 (VHF) y 48 (UHF) del estado Zulia.
Una vez precisado lo anterior, reiteró la Sala que el criterio del Alto Tribunal conforme al cual la suspensión de efectos de los actos administrativos a que se refiere el aparte veintiuno del artículo 21 de la citada ley orgánica, constituye una medida preventiva establecida por nuestro ordenamiento jurídico, mediante la cual, haciendo excepción al principio de ejecutoriedad del acto administrativo, consecuencia de la presunción de legalidad, se procura evitar lesiones irreparables o de difícil reparación al ejecutarse una eventual decisión anulatoria del acto, porque ello podría constituir un atentado a la garantía del derecho fundamental de acceso a la justicia y al debido proceso.
En este sentido, debe el Juez velar porque su decisión se fundamente no sólo en un simple alegato de perjuicio, sino en la argumentación y acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción de un posible perjuicio real y procesal para el recurrente.
Establecidos los anteriores lineamientos, pasó la Sala a verificar su cumplimiento en el caso concreto, y en tal sentido advierte que el apoderado judicial de las recurrentes esgrimió que el fumus boni iuris se encuentra satisfecho a su entender por las presuntas violaciones a garantías constitucionales y legales en las que incurre el acto parcialmente recurrido, en concreto, las relativas al debido proceso, a ser juzgado por sus jueces naturales, al derecho a la defensa, incompetencia manifiesta y falso supuesto de hecho.
La Sala apreció que en el escrito libelar las recurrentes manifestaron que el acto que dio origen a la Providencia Administrativa dictada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, objeto del presente recurso, es el contenido en la Resolución DM/N° 023/2005 del 1° de diciembre de 2005, dictada por el Ministro de Infraestructura, la cual aducen fue interpretada erróneamente por la referida Comisión originando de esta manera las violaciones antes aludidas.
Ahora bien, adujo el apoderado judicial de las recurrentes que la orden contenida en la Resolución dirigida a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para que iniciara un procedimiento administrativo contra la sociedad mercantil Niños Cantores Televisión, C.A., mediante el cual se determinara la situación jurídica en la cual se encuentran los canales 11 VHF en Maracaibo, estado Zulia; 5 VHF en Machiques, estado Zulia; 48 UHF en la Costa Oriental, estado Zulia; 36 UHF en el estado Carabobo y 8 VHF en San Cristóbal, estado Táchira, a fin de que fueran liberados o no, fue erróneamente interpretada por la aludida Comisión, toda vez que -a su entender- procedió a través del acto impugnado a liberar dichas frecuencias del espectro radioeléctrico sin llevar a cabo el procedimiento requerido y ordenado por el Ministro de Infraestructura.
Por otra parte, las actoras alegaron mantener sobre las referidas frecuencias derechos consistentes en " títulos administrativos que se les asignó", por lo que la Providencia parcialmente recurrida las despojaría -a su decir- de sus permisos y las correspondientes reservas de canales, " más aun cuando varios de los canales están en perfecta operación".
No obstante lo anterior, la Sala apreció que no se desprende de los elementos cursantes en autos la existencia de las correspondientes concesiones requeridas para el uso y explotación de las frecuencias del espectro radioeléctrico que aducen las recurrentes poseer.
En efecto, como único elemento probatorio de tal afirmación fue consignada por las actoras junto con el escrito libelar, copia del oficio N° 1430 del 15 de diciembre de 1989, suscrito por el Director General Sectorial de Comunicaciones del entonces Ministerio de Transporte y Comunicaciones y dirigido al Arzobispo de Maracaibo, donde le indica que " el ciudadano Ministro de Transporte y Comunicaciones, con la aprobación del ciudadano Presidente de la República, ha autorizado a la estación televisora 'Canal 11 del Zulia' a extender su cobertura a todo el territorio nacional. "
Asimismo, de la revisión de las copias certificadas remitidas por el Ministro de Infraestructura relativas al expediente administrativo correspondiente a la sociedad mercantil Niños Cantores Televisión, C.A., sustanciado con ocasión de la Resolución DM/N° 023/2005 del 1° de diciembre de 2005, parcialmente transcrita en párrafos precedentes, se constata que anexa al acta de la inspección realizada por funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en la sede de la referida empresa el 19 de septiembre de 2005, fueron consignadas por sus representantes copias de los oficios emitidos por el Director General Sectorial de Comunicaciones del entonces Ministerio de Transporte y Comunicaciones, de los cuales se desprende la reserva de los canales 11 VHF en Maracaibo, estado Zulia; 5 VHF en Machiques, estado Zulia; 48 UHF en la Costa Oriental, estado Zulia; 36 UHF en el estado Carabobo y 8 VHF en San Cristóbal, estado Táchira.
Las razones
Ahora bien –indicó la Sala-, los documentos antes descritos no suponen la existencia de las autorizaciones necesarias para el uso y explotación de las frecuencias del espectro radioeléctrico que afirman poseer las actoras, son tan solo elementos que hacen presumir la realización por parte de éstas de los trámites administrativos requeridos para su obtención.
Adicionalmente, es preciso señalar que en la Resolución DM/N° 023/2005 del 1° de diciembre de 2005, dictada por el Ministro de Infraestructura y que dio origen al acto objeto del presente recurso de nulidad, expresamente se indica que " durante la fase de sustanciación del procedimiento, no fue posible demostrar que el órgano competente en materia de telecomunicaciones hubiese autorizado a la prenombrada sociedad mercantil, el uso y explotación de las frecuencias (…) ".
Del examen preliminar efectuado por la Sala en fase cautelar, así como en aplicación del principio de presunción de veracidad de los actos administrativos, sin prejuzgar sobre el fondo como definitivo surgió la presunción que las recurrentes no poseen las autorizaciones necesarias para el uso y explotación de las siguientes frecuencias del espectro radioeléctrico: 11 VHF en Maracaibo, estado Zulia; 5 VHF en Machiques, estado Zulia; 48 UHF en la Costa Oriental, estado Zulia; 36 UHF en el estado Carabobo y 8 VHF en San Cristóbal, estado Táchira.
Sentado lo anterior, la Sala concluyó que no existe la apariencia de buen derecho a favor de las actoras, sin que ello implique un adelanto de opinión respecto a la sentencia definitiva que haya de producirse en el presente proceso; y así lo declaró.
Al haberse declarado la improcedencia del fumus boni iuris , la Sala estimó inoficioso entrar a analizar lo atinente al periculum in mora, pues como ya fuese señalado, se exige la obligatoria concurrencia de ambos para el acuerdo de cualquier tutela cautelar.
Chavistas y opositores de los barrios rechazan cierre de RCTV
http://www.radardelosbarrios.blogspot.com/
http://radardelosbarrios.blogspot.com/2007/01/chavistas-y-opositores-de-los-barrios.html
Señales de VTV y CMT deben ser socializadas:
TV ESTATAL DE SERVICIO PUBLICO JUNTO A TELEVISORAS PRIVADAS INDEPENDIENTES QUE GARANTICEN PLURALIDAD ES EL MODELO DE ASIGNACION DE FRECUENCIAS QUE PROPONE RADAR DE LOS BARRIOS
Esa red de dirigentes populares de la Gran Caracas considera "positivo y necesario" el debate que sobre este tema plantea el nuevo ministros de telecomunicaciones, Jesse Chacón.
"Cuando en la entrada de nuestro barrio se hundió la calle y estuvimos 13 meses incomunicados, el canal que estuvo allí fue RCTV; Cuando, como resultado del deficiente trabajo de la alcaldía al reparar la calle, se cayó el muro de contención, fue RCTV quien transmitió nuestra denuncia; Cuando la policía secuestró a un joven de esta comunidad, le sembró droga y matraqueó a la madre, pidiéndole un millón de bolívares para liberar al hijo, fue RCTV el canal que hizo público ese atropello. Por eso, si cierran RCTV los afectados vamos a ser nosotros, el pueblo, porque tendremos un canal menos para que nuestro Presidente se entere de las barbaridades que todos los días cometen en su nombre los funcionarios que se dicen 'y que' revolucionarios".
Así lo afirmó Gina González, dirigente chavista de base del Barrio 19 de Marzo en el sector Telares de Palo Grande, en Caricuao, vocera del Consejo Comunal de su zona y activista de la Asociación Civil Radar de los Barrios, una plataforma de lucha de dirigentes comunitarios en la que participan chavistas, opositores e independientes.
Para González "la Revolución se defiende no tapándole la boca al que esta en desacuerdo, sino demostrando con la palabra y con el ejemplo que lo que uno cree es mejor. Por eso no estoy de acuerdo con el cierre de RCTV: Granier tiene mucho dinero y se puede ir a cualquier lugar del mundo a seguir haciendo negocios, pero los del barrio nos quedaremos sin voz para denunciar las cosas que lamentablemente el Canal 8 nunca saca en su pantalla".
Propuestas del Radar de los Barrios para un nuevo equilibrio en TV
Por su parte, el coordinador de esta red de dirigentes comunitarios, Jesús Torrealba, calificó como "positivo y necesario" el llamado que hizo el nuevo Ministro de Telecomunicaciones Jesse Chacón a "debatir de cara al pueblo un nuevo modelo de asignación de señales del espectro radioeléctrico", debate en que el gobierno plantea dejar atrás el llamado "modelo norteamericano", que contempla la existencia de canales y redes privadas de televisión, y apuesta por lo que denominan "el modelo europeo", que apuesta por una televisión estatal de servicio público.
"Desde la vivencia cotidiana de los habitantes de los barrios", afirma Torrealba, "creemos que en Venezuela es necesario orientarse hacia un sistema mixto, que combine la presencia de una fuerte televisión estatal de servicio público con la existencia de canales y redes independientes, de carácter privado, societal y comunitario".
Para Torrealba, " asi como los operadores privados de TV deben incrementar su conciencia de que operan un servicio público y responsabilidad social empresarial, también los funcionarios gubernamentales deben saber que una cosa es el Estado y otra es el gobierno, y que –en consecuencia- una televisión estatal tiene que ser de verdad de servicio público, nunca una señal al servicio político y propagandístico del gobierno de turno".
En ese sentido, el Radar de los Barrios propone medidas concretas: "en primer lugar, debe detenerse y revertirse cualquier proceso orientado a cerrar canales privados, y estos deben proceder a designar un Defensor del Televidente, un funcionario pagado por el canal pero absolutamente independiente en su acción y funcionamiento, encargado de vigilar el cumplimiento del Código de Ética del Periodista y de las normas establecidas tanto en la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión como en la LOPNA".
En segundo lugar el Radar de los Barrios exhorta a "los respetables empresarios, financistas y grupos económicos que han hecho grandes negocios legítimos en los últimos ocho años y que con todo derecho son simpatizantes del proyecto político que dirige el Presidente Chávez" a que "hagan las inversiones necesarias y creen sus propios canales de TV de señal abierta, para que le ofrezcan al pueblo la oferta cultural y de entretenimiento que ellos crean que hace falta y que tengan la línea editorial e informativa que ellos consideren pertinente".
Por último, la Asociación Civil Radar de los Barrios plantea la "necesidad urgente" de "socializar la señal de VTV y de CMT", pues la primera ha sido "confiscada por un grupo político" y la segunda "enfrenta el inminente peligro de correr la misma suerte". Para ello, esta red de dirigentes populares plantea que "tanto en Venezolana de Televisión como en CMT la programación sea elaborada por un colectivo integrado por representantes de Consejos Comunales, Asociaciones de Vecinos y las Escuelas de Comunicación Social de las universidades que ofrezcan esta carrera".
Para Torrealba, la adopción de estas medidas permitiría una pluralidad de señales y de mensajes: "tendríamos televisoras privadas críticas frente al gobierno, televisoras privadas simpatizantes del gobierno, y una televisión estatal de servicio público, y sería el pueblo en libre ejercicio de su condición de soberano y no un burócrata, quien decida que es lo que ve, y que opinión comparte o rebate".
Publicado por Asociación Civil Radar de los Barrios
http://radardelosbarrios.blogspot.com/2007/01/chavistas-y-opositores-de-los-barrios.html
Señales de VTV y CMT deben ser socializadas:
TV ESTATAL DE SERVICIO PUBLICO JUNTO A TELEVISORAS PRIVADAS INDEPENDIENTES QUE GARANTICEN PLURALIDAD ES EL MODELO DE ASIGNACION DE FRECUENCIAS QUE PROPONE RADAR DE LOS BARRIOS
Esa red de dirigentes populares de la Gran Caracas considera "positivo y necesario" el debate que sobre este tema plantea el nuevo ministros de telecomunicaciones, Jesse Chacón.
"Cuando en la entrada de nuestro barrio se hundió la calle y estuvimos 13 meses incomunicados, el canal que estuvo allí fue RCTV; Cuando, como resultado del deficiente trabajo de la alcaldía al reparar la calle, se cayó el muro de contención, fue RCTV quien transmitió nuestra denuncia; Cuando la policía secuestró a un joven de esta comunidad, le sembró droga y matraqueó a la madre, pidiéndole un millón de bolívares para liberar al hijo, fue RCTV el canal que hizo público ese atropello. Por eso, si cierran RCTV los afectados vamos a ser nosotros, el pueblo, porque tendremos un canal menos para que nuestro Presidente se entere de las barbaridades que todos los días cometen en su nombre los funcionarios que se dicen 'y que' revolucionarios".
Así lo afirmó Gina González, dirigente chavista de base del Barrio 19 de Marzo en el sector Telares de Palo Grande, en Caricuao, vocera del Consejo Comunal de su zona y activista de la Asociación Civil Radar de los Barrios, una plataforma de lucha de dirigentes comunitarios en la que participan chavistas, opositores e independientes.
Para González "la Revolución se defiende no tapándole la boca al que esta en desacuerdo, sino demostrando con la palabra y con el ejemplo que lo que uno cree es mejor. Por eso no estoy de acuerdo con el cierre de RCTV: Granier tiene mucho dinero y se puede ir a cualquier lugar del mundo a seguir haciendo negocios, pero los del barrio nos quedaremos sin voz para denunciar las cosas que lamentablemente el Canal 8 nunca saca en su pantalla".
Propuestas del Radar de los Barrios para un nuevo equilibrio en TV
Por su parte, el coordinador de esta red de dirigentes comunitarios, Jesús Torrealba, calificó como "positivo y necesario" el llamado que hizo el nuevo Ministro de Telecomunicaciones Jesse Chacón a "debatir de cara al pueblo un nuevo modelo de asignación de señales del espectro radioeléctrico", debate en que el gobierno plantea dejar atrás el llamado "modelo norteamericano", que contempla la existencia de canales y redes privadas de televisión, y apuesta por lo que denominan "el modelo europeo", que apuesta por una televisión estatal de servicio público.
"Desde la vivencia cotidiana de los habitantes de los barrios", afirma Torrealba, "creemos que en Venezuela es necesario orientarse hacia un sistema mixto, que combine la presencia de una fuerte televisión estatal de servicio público con la existencia de canales y redes independientes, de carácter privado, societal y comunitario".
Para Torrealba, " asi como los operadores privados de TV deben incrementar su conciencia de que operan un servicio público y responsabilidad social empresarial, también los funcionarios gubernamentales deben saber que una cosa es el Estado y otra es el gobierno, y que –en consecuencia- una televisión estatal tiene que ser de verdad de servicio público, nunca una señal al servicio político y propagandístico del gobierno de turno".
En ese sentido, el Radar de los Barrios propone medidas concretas: "en primer lugar, debe detenerse y revertirse cualquier proceso orientado a cerrar canales privados, y estos deben proceder a designar un Defensor del Televidente, un funcionario pagado por el canal pero absolutamente independiente en su acción y funcionamiento, encargado de vigilar el cumplimiento del Código de Ética del Periodista y de las normas establecidas tanto en la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión como en la LOPNA".
En segundo lugar el Radar de los Barrios exhorta a "los respetables empresarios, financistas y grupos económicos que han hecho grandes negocios legítimos en los últimos ocho años y que con todo derecho son simpatizantes del proyecto político que dirige el Presidente Chávez" a que "hagan las inversiones necesarias y creen sus propios canales de TV de señal abierta, para que le ofrezcan al pueblo la oferta cultural y de entretenimiento que ellos crean que hace falta y que tengan la línea editorial e informativa que ellos consideren pertinente".
Por último, la Asociación Civil Radar de los Barrios plantea la "necesidad urgente" de "socializar la señal de VTV y de CMT", pues la primera ha sido "confiscada por un grupo político" y la segunda "enfrenta el inminente peligro de correr la misma suerte". Para ello, esta red de dirigentes populares plantea que "tanto en Venezolana de Televisión como en CMT la programación sea elaborada por un colectivo integrado por representantes de Consejos Comunales, Asociaciones de Vecinos y las Escuelas de Comunicación Social de las universidades que ofrezcan esta carrera".
Para Torrealba, la adopción de estas medidas permitiría una pluralidad de señales y de mensajes: "tendríamos televisoras privadas críticas frente al gobierno, televisoras privadas simpatizantes del gobierno, y una televisión estatal de servicio público, y sería el pueblo en libre ejercicio de su condición de soberano y no un burócrata, quien decida que es lo que ve, y que opinión comparte o rebate".
Publicado por Asociación Civil Radar de los Barrios
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