jueves, 8 de febrero de 2007

Marcel Granier, “Venezuela, adiós a la ley,” El Nuevo Herald (Miami - Florida), Febrero 7, 2007

Caracas -- El presidente Chávez anunció verbalmente su decisión de cerrar

Radio Caracas Televisión, canal que por más de 53 años y con las mejores

instalaciones logra la mayor audiencia y emplea a más gente en Venezuela.



Así culmina una larga cadena de agresiones contra periodistas, empleados,

gerentes y accionistas de los medios independientes. Se pretende limitar el

derecho al entretenimiento que gusta y a la información en que confía el

venezolano, impidiendo que los ciudadanos formulen propuestas, denuncias y

reclamos, eliminando el pluralismo de programas informativos y de opinión,

imposibilitando el libre flujo del pensamiento y la información para lograr un

sistema que el mismo gobierno define como ``hegemonía comunicacional e

informativa del Estado''.



El 14 de junio de 2006 el presidente Chávez, vistiendo uniforme militar, dio

un discurso en la entrega de fusiles de asalto Kalashnikov AK-103. Tomando un

fusil y apuntando a un camarógrafo de televisión advirtió: ''Con este fusil, que

tiene un alcance de mil metros, tú (el camarógrafo) te paras allá arriba y yo,

con buena puntería, le doy a la lucecita roja esa que tiene tu cámara''. Luego

anunció: ``Hay que revisar las concesiones de las televisoras''.



Otros funcionarios repitieron las amenazas, mientras alababan a los medios

que han cambiado su línea editorial: ''hay cambios cualitativos en la

programación, hay otros casos en que no se observa ese cambio, esa rectificación

'', recordando que el gobierno ``tiene facultad para no renovar una concesión''.



El 3 de noviembre de 2006 el presidente repitió su amenaza: ``Sólo les

recuerdo que el próximo año no les extrañe que yo diga no hay más concesión a

algunos canales de televisión''.



El 28 de diciembre el presidente, nuevamente vestido de militar, anunció que

no sería renovada la concesión de RCTV. ''Ya está redactada la medida, así que

vayan apagando los equipos; se le acaba en marzo la concesión''. Dos semanas más

tarde, en la Asamblea Nacional, afirmó que la concesión de RCTV termina en mayo

de 2007. Igual contradicción sobre la fecha existe en declaraciones de otros

funcionarios.



El presidente luego inició una campaña de difamación contra RCTV y sus

directivos, a través de avisos pagados con fondos públicos.



El 13 de enero, en su mensaje anual a la Asamblea Nacional, nuevamente cambió

su discurso y afirmó: ``Esa señal es de los venezolanos y será nacionalizada

para los venezolanos; a RCTV le quedan unos días. Chillen, pataleen; hagan lo

que hagan; se acabó la concesión''.



En RCTV nunca hemos sido informados oficialmente en qué se fundamentan ni de

qué nos acusan. Así violan la presunción de inocencia, no hay debido proceso ni

existe derecho a la defensa.



Tales acciones transgreden normas expresas en la Constitución de Venezuela,

la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática

Interamericana. Son presiones políticas contra medios de comunicación

independientes, claro ejemplo de desviación de poder y una pretendida

justificación legal nunca probada. Se viola así el derecho al trabajo en este

medio, el principio de pluralismo político y, por supuesto, la libertad de

pensamiento, expresión e información de los millones de ciudadanos que perderán

la libertad de buscar y recibir informaciones e ideas de toda índole

garantizadas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.



Un prueba contundente de todo esto fue la declaración del 8 de enero de

Andrés Izarra, presidente de TELESUR y ex ministro de Comunicación: ``Hay que

elaborar un nuevo plan hacia la hegemonía comunicacional e informativa del

Estado''.



Un creciente número de organizaciones gremiales y de derechos humanos alertan

sobre el caso RCTV: Human Rights Watch, Committee to Protect Journalists,

Instituto Prensa y Sociedad, Asociación Internacional de Radiodifusión,

International Press Institute, Reporteros sin Frontera, Sociedad Interamericana

de Prensa y otras. Pero la reacción del presidente Chávez es verbalmente

violenta y soez cada vez que alguien osa tener una opinión diferente. Dice y

repite que la decisión está tomada: ``A RCTV le quedan unos días; chillen,

pataleen; hagan lo que hagan, se acabó''.



Entonces, ¿dónde quedan los recursos consagrados en la ley, el derecho a la

defensa, la independencia y separación de poderes que garantiza la Constitución?

¿Qué papel juega el poder judicial en Venezuela? ¿Puede la voluntad de una sola

persona limitar el acceso a la información, el ejercicio libre del periodismo y

la existencia de medios de comunicación independientes?



www.aipenet.com



Presidente de Radio Caracas Televisión.



© AIPE

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