Carlos Ciordia // Pluralismo informativo

http://opinion.eluniversal.com/2007/01/09/opi_34433_art_131943.shtml

Si RCTV violó algún ordenamiento jurídico, ¿por qué no fue sancionada?

La prepotencia demostrada por el Gobierno al anunciar la no renovación de la
concesión de operación a Radio Caracas Televisión, constituye un modo de
actuar y operar que ya es recurrente en la actual administración. Y es que
es la misma actitud demostrada por el jefe del Estado cuando anunciaba el
despido de los trabajadores petroleros, el mismo tono que utiliza
frecuentemente para referirse a la oposición venezolana, o para expresar
cualquier opinión en relación al gobernador del estado Zulia, Manuel
Rosales, para mencionar tan solo tres ejemplos.

Sin investigaciones
En el caso de Radio Caracas Televisión, aun cuando no se discute la potestad
que tiene el Estado de otorgar y decidir en relación con las operaciones del
espectro radioeléctrico, luce arbitrario porque ante las acusaciones y
supuestos argumentos dados al país por jefe del Estado en ningún momento se
ha abierto una investigación o algún procedimiento por parte de Conatel que
arroje indicios que sustenten la decisión presidencial.
El Presidente afirmó que "tengo en mis manos todos los informes respecto a
las violaciones cometidas por esta planta y estoy claro en que renovar o no
la concesión es una atribución del Estado venezolano" -Diario El Universal,
04-01-2007- Las preguntas que de estas afirmaciones se desprenden son
obvias: Si RCTV violó algún ordenamiento jurídico, ¿por qué no fue
sancionada? Si se tiene un informe contentivo de irregularidades, ¿por qué
el Estado no activó los procedimientos jurídicos y administrativos previstos
en las leyes?

Si el jefe del Estado tiene las pruebas que demuestran que esta planta
televisiva participó activamente en los hechos de abril del 2002, auspició
la toma de Altamira o tuvo una destacada participación durante " el paro
petrolero", ¿por qué no le fue abierta ningún procedimiento o hecho presos a
sus directivos?

Pluralidad de medios
El Gobierno no tiene argumentos jurídicos para justificar esta medida. Opera
desde la perspectiva de la retaliación política violando el derecho que
tenemos todos los venezolanos a la pluralidad de medios, al ejercicio de la
libertad de expresión y comunicación y a nuestra libertad de escogencia.
Es simplemente el uso indiscriminado y arbitrario de todo el aparato y poder
del Estado para amedrentar, para perseguir y aniquilar a todo aquel que
moleste; un muy buen ejemplo de por dónde viene y en qué consiste el
socialismo del siglo XXI.

Concejal Metropolitano
ciordia@cant.net