Exigen al Gobierno proteger a periodistas y directivos de RCTV

http://www.eluniversal.com/2007/01/05/pol_art_132637.shtml

Trabajadores y directivos de RCTV esperan que el Ejecutivo dé cumplimiento al mandato del organismo hemisférico (Cheo Pacheco)

JUAN FRANCISCO ALONSO

EL UNIVERSAL

Brindarle a los trabajadores, directivos e instalaciones de Radio Caracas Televisión (RCTV) la protección necesaria para que puedan realizar sus labores de información y entretenimiento, le exigió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al gobierno del presidente Hugo Chávez.

En el fallo, la instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA) también le fijó un plazo de dos meses al Ejecutivo para que atienda sus requerimientos, so pena de acudir a la Corte Interamericana, instancia facultada para condenar al Estado a cancelar indemnizaciones y adoptar cambios en el ordenamiento jurídico interno.

Este caso se remonta al año 2002, cuando RCTV acudió ante la CIDH y acusó al Estado venezolano de violarle sus derechos a la libertad de expresión, a la integridad personal, a las garantías judiciales, al debido proceso y a la protección judicial, por "las distintas y sistemáticas agresiones personales y morales, ataques, amenazas y atentados graves" perpetrados contra su personal.

En ese mismo año, la Comisión, y posteriormente la Corte, le solicitaron a las autoridades nacionales que protegieran la vida de las periodistas Luisiana Ríos y Laura Castellanos; y de los técnicos Armando Amaya, Antonio José Monroy y Argenis Uribe, quienes fueron atacados por simpatizantes del oficialismo mientras realizaban su trabajo.

En esa ocasión también demandaron que se investigara y sentara en el banquillo de los acusados a los responsables de los ataques; y le exigían al Gobierno que condenara cualquier agresión contra los profesionales de los medios de comunicación, pues ellos "sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión".

Satisfacción en Bárcenas
En comunicado de prensa, la planta televisiva, a la que el Gobierno recientemente anunció que no renovaría la concesión para seguir transmitiendo en señal abierta, afirmó: "Esperamos que el Estado dé cumplimiento a sus obligaciones internacionales y respete esta trascendental decisión que hace justicia y busca fortalecer los valores democráticos que tanto sacrificio han costado al pueblo venezolano".

Por último, la estación recordó que "los delitos por violación de derechos humanos no prescriben y que todos los funcionarios públicos que los cometan serán responsables penal, civil, patrimonial y administrativamente, sin que les sirva de excusa el cumplimiento de órdenes superiores".