AN condenó por unanimidad opiniones de Insulza sobre caso RCTV

Política

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La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad un acuerdo de rechazo a las declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, respecto a la decisión del Gobierno de no renovar la concesión del espacio radioeléctrico a Radio Caracas Televisión (RCTV).

En el acuerdo, presentado por la Comisión de Política Exterior, se cataloga como un “profundo desconocimiento” de la legislación nacional y como una “intromisión en los asuntos internos” a las opiniones que emitiera Insulza sobre el caso.

También se apoya la medida, por cuanto creen que lejos de coartar la libertad de expresión la favorece, al permitir que comunidades organizadas puedan usar el espacio radioeléctrico y convertirse en protagonistas del hecho comunicacional.

En la resolución, se acuerda enviar copia a la Secretaría de la OEA y a las misiones d
diplomáticas del Continente Americano acreditadas en ese organismo internacional.

El debate

Durante las deliberaciones, la diputada Iris Varela, consideró que los siete millones de votantes están de acuerdo con el cierre de RCTV. “Está venciendo el lapso otorgado a la concesión de RCTV, usufructuando un bien público desde los años cincuenta”.

La parlamentaria consideró que el Poder Ciudadano y el Poder Judicial deben iniciar una investigación penal contra todos los canales de televisión, como consecuencia “de los efectos psicológicos que generaron varios medios de comunicación privados del país”.

Por su parte, el diputado y abogado Carlos Escarrá se refirió al artículo 113 de la Constitución sobre la explotación de recursos de la nación, donde se señala que el Estado podrá entregar concesiones por un tiempo determinado asegurando la existencia de contraprestaciones adecuadas al interés público. “Cuando se da ese derecho de uso, se está creando un privilegio en un sujeto, un particular y, por lo tanto, está sometido a un conjunto de cargas y contribuciones especiales”.

Manifestó que es necesario buscar un marco jurídico revolucionario socialista que no existe todavía, “porque deja mucho que desear nuestro ordenamiento jurídico. Entiendo por qué el presidente Chávez requiere una Ley Habilitante”.

Concluyó señalando, que es responsabilidad de Conatel el cerrar o no un canal de televisión, y no del Poder Ciudadano.

Prensa AN/El-nacional.com