El zapping de Rctv

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Enero 22, 2007 Descifrado en la calle

A tres semanas de la sentencia presidencial de no renovar la concesión a RCTV, la tensión sobre el futuro del canal se mantiene en sintonía. Mientras el Gobierno lo acusa de golpista sin presentar pruebas legales, el presidente del Grupo 1BC, Marcel Granier insiste en el derecho a usar la señal hasta 2022. ¿Será posible una salida negociada?. (Edición 111 página 2 y 3)
Descifrado
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[22-01-2007 11:25 ] El 28 de diciembre, Día de los Inocentes, cayó la sentencia del propio presidente Hugo Chávez: "No habrá nueva concesión para ese canal golpista que se llamó Radio Caracas Televisión". Hasta ese momento no había ningún pronunciamiento de Conatel (organismo encargado de "dictar las decisiones relativas a los procesos de las habilitaciones administrativas o concesiones", según la Ley Orgánica de Telecomunicaciones de 2000) ni un fallo judicial que sustentara el anuncio del mandatario. Pero eso importó poco.
Desde entonces, los funcionarios gubernamentales se han dedicado a ratificar la medida, repitiendo la acusación de golpismo y agregando presuntas violaciones a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la Constitución. Ante tal expediente, concluyen, es imposible renovar una concesión que se vencerá el próximo 27 de mayo, cuando expira el decreto 1.577, dictado en 1987 por el gobierno del presidente Jaime Lusinchi y que extendió por 20 años la concesión de RCTV.

En la otra acera Marcel Granier, presidente y principal accionista del Grupo 1BC, presenta sus argumentos. Dice que la medida viola leyes nacionales e internacionales, que las acusaciones gubernamentales deben ser probadas en los tribunales y que la concesión de RCTV no se vence este año. "La Ley Orgánica de Telecomunicaciones obligaba al Estado a tomar unas acciones –entrega de títulos de habilitación– antes del 12 de junio de 2002, acciones que no tomó y al no tomarlas, como hemos cumplido con todas nuestras obligaciones, tenemos derecho hasta el 12 de junio de 2022".

Para Granier se trata de un abuso de poder impulsado por la intención del presidente Chávez de silenciar a los medios de comunicación que critican su gestión. Pero RCTV, agrega, no está dispuesta a cambiar su línea editorial para complacer al gobierno y conservar la concesión: "por qué va una empresa que ha sido modelo y escuela para la radio y la televisión en Venezuela a cambiar su línea porque un funcionario público pretende cambiarla (…) En ningún medio del mundo se puede aceptar que el ministro de propaganda le dicte la línea informativa o convierta a los periodistas en propagandistas del régimen".

Dice la teoría

En las tres semanas transcurridas desde el anuncio presidencial, son muchas las opiniones en contra que han expresado distintas personalidades dentro y fuera del país. Destacan las de José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), que fueron respondidas con insultos por el presidente Chávez. Pero más allá de esas opiniones, hay ciertos aspectos técnicos que conviene tener en cuenta al momento de discutir sobre las concesiones para radio y televisión.

El primero es que el espectro radioeléctrico no pertenece al Estado, sino que es patrimonio de la humanidad. Así lo establecen los tratados de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), suscritos por Venezuela y reconocidos en el artículo 69 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones: "Corresponde a Conatel la administración, regulación, ordenación y control del espectro radioeléctrico, de conformidad con lo establecido en esta Ley y en las normas vinculantes dictadas por la UIT".

El segundo es que la renovación de una concesión no es una atribución del Presidente. El artículo 73 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones dice: "la concesión de uso del espectro radioeléctrico es un acto administrativo unilateral mediante el cual Conatel otorga o renueva, por tiempo limitado, a una persona natural o jurídica la condición de concesionario para el uso y explotación de una determinada porción del espectro radioeléctrico, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley".

El tercero es que, al ser el espacio radioeléctrico un bien que pertenece a la humanidad y que el Estado se limita a administrar, las medidas vinculadas con su asignación deben estar debidamente justificadas. Y en el caso de RCTV, hasta ahora no hay ninguna sentencia administrativa o penal que compruebe las prácticas golpistas o las violaciones legales en las que, según los funcionarios del Gobierno, ha incurrido este canal.

Por lo tanto, no está comprobada ninguna falta que amerite la revocatoria de la concesión (en el caso de que esté vigente hasta 2022, como argumenta Granier) o que impida la renovación, si se tiene como referencia el decreto de Lusinchi. Esa norma contemplaba una prórroga automática de 20 años que tendría que ser respetada, porque el artículo 210 de la nueva Ley indica que, mientras Conatel no haga la transformación de títulos, "todos los derechos y obligaciones adquiridos al amparo de la anterior legislación, permanecerán en pleno vigor, en los mismos términos y condiciones".

Después del 28…

De concretarse la decisión gubernamental de no renovar la concesión de RCTV, la señal de ese canal quedaría disponible a partir del 28 de mayo. Entonces el gobierno tendrá, por lo menos, tres opciones: otorgarle una concesión a otra empresa, utilizarla para una nueva televisora estatal o cederla a asociaciones o cooperativas de productores independientes.

La primera luce como la más improbable y pocos en el oficialismo se atreven a mencionarla. El gobernador de Carabobo, Luis Felipe Acosta Carles (a quien se le vincula con el empresario Carlos Batistini) asomó la posibilidad de que la señal se otorgara a La Tele o una nueva televisora. Luis Brito García también planteó esa opción, aunque de inmediato aclaró que "eso estaría en contra del socialismo del siglo XXI".

La idea de crear un nuevo canal estatal tampoco parece tener muchos promotores dentro del Gobierno. Ningún funcionario ha planteado esa posibilidad, al menos en sus declaraciones públicas. Dicen que están conformes, al menos por ahora, con Venezolana de Televisión, Vive TV, Telesur y ANTV, además de las televisoras comunitarias.

Esto deja a las asociaciones o cooperativas como probables beneficiarios de la señal que actualmente usa RCTV. Dicha alternativa –que iría en la línea anunciada por Chávez: "es una gran oportunidad de darle poder al pueblo, poder comunicacional a los que casi nunca tienen voz"– ha sido la más mencionada desde el oficialismo.

Pero, por los momentos, el Gobierno no se ha decantado por ninguna de las tres opciones. "La señal de televisión del canal 2 será operada por un grupo de cooperativas, una empresa mixta o cualquier modalidad que se defina en los meses que aún faltan", declaró Willian Lara, ministro de Comunicación e Información, hace algunos días.

Para RCTV las alternativas son dos, no excluyentes entre sí. Trenzarse en una lucha en los tribunales, nacionales o internacionales, en busca de que la decisión sea revertida. O aceptar la medida y usar sus instalaciones -que Lara garantizó que no serán expropiadas-, para mantenerse como una productora audiovisual para canales de cable y televisoras nacionales y extranjeras. Sea cual sea la alternativa, la reducción de personal se escucha cada vez más fuerte.

¿Salida negociada?

Uno de los argumentos utilizados por Earle Herrera para justificar la decisión gubernamental es que "los mecanismos de renovación del uso de las frecuencias radioeléctricas fueron turbias en el pasado". El periodista y actual diputado ha recordado que, para conservar la concesión de RCTV en 1987, el Grupo 1BC (que entonces también era dueño de El Diario de Caracas) despidió a muchos trabajadores por presiones del presidente Jaime Lusinchi.

Más que escudriñar los detalles de esa presunta negociación que permitió a RCTV seguir usando el espacio radioeléctrico, vale preguntarse si en las actuales circunstancias podría presentarse una situación similar. Es decir, a pesar de que los voceros gubernamentales han dicho que la medida es irreversible y que Granier asegura que no cambiará la línea editorial para complacer al gobierno, ¿es posible una salida negociada?.

Allí caben varios escenarios. Uno es que el Gobierno condicione la renovación de la concesión a la salida de determinados periodistas que le resultan incómodos. Otra que los demás accionistas del grupo presionen a Granier para que haya un cambio en la línea editorial y, sobre esa base, el Gobierno lo piense mejor. También puede ser que la salida de Granier, en el que han centrado sus críticas algunos voceros del oficialismo, sea suficiente para permitir que RCTV siga utilizando la señal.