Granier: Nosotros estamos convencidos que tenemos la razón legal

Jueves, 25 de Enero de 2007

http://www.unionradio.net/Noticias/Noticia.aspx?noticiaid=192897

UNION RADIO -
El presidente de las empresas 1BC, Marcel Granier, ofreció este jueves una rueda de prensa en la que explicó las acciones legales que el canal Radio Caracas Televisión emprenderá ante la decisión del Ejecutivo de no renovar la concesión a partir del 27 de mayo de este año.

"Nosotros estamos convencidos de que tenemos la razón legal, de que tenemos la ley de nuestro lado y hemos podido demostrar que el Estado está incumpliendo y actuando de una manera abusiva y arbitraria".

Granier afirmó que el gobierno nacional con esta medida contra la planta televisiva estaría "violando disposiciones expresas de tratados internacionales suscritos en materia de telecomunicaciones y de derechos humanos".

"El gobierno está violando la Constitución, la ley Orgánica de telecomunicaciones y los tratados internacionales" en materia de derechos humanos, apuntó Granier.

Dijo que se introdujo un recurso ante el nuevo ministerio de Telecomunicaciones que es el que tiene competencia en el ramo "y una de las denuncias que se hace es como el Ministerio de Infraestructura tuvo durante 6 años esa responsabilidad y no la cumplió". Granier se refiere a la entrega de los títulos.

"En primer lugar, estamos demostrando que el gobierno está incumpliendo las obligaciones que le impuso el artículo 210 de la ley orgánica de Telecomunicaciones que le obliga a transformar todos los permisos que estaban vigentes para el 12 de junio de 2002, y esa transformación la tenían que hacer sin perjudicar los derechos que tenían los concesionarios, de manera que la transformación del título era un mero trámite administrativo, respetando todos los derechos que el concesionario tenía".

Al ser consultado sobre qué hará la directiva del canal el 28 de mayo, una vez que el Ejecutivo cumpla con la decisión, Granier afirmó: "Espero que celebremos la continuidad de las operaciones porque eso es lo que establece la Constitución y las leyes".

Confía en la actuación apegada a derecho de los funcionarios judiciales. "Esperemos que por la gravedad de los hechos, los funcionarios públicos que tienen la decisión de este caso, entiendan que en materia de derechos humanos las violaciones no prescriben. Ningún funcionario, o juez, podrá alegar que cumplía órdenes, porque cuando las ordenes son ilegales esas ordenes también son ilegales".